La Defensoría del Pueblo y el Código Procesal Constitucional tienen algo en común, además de cumplir 25 años desde sus orígenes; un protagonista de ambas iniciativas: Sergio Díaz Ricci, quien no oculta su orgullo por el rol que le cupo en las dos instituciones. El hoy vocal del Tribunal de Cuentas no sólo fue el que en 1992 presentó el proyecto de ley de creación de la Defensoría del Pueblo sino que, además, fue el primer ombudsman provincial, elegido en 1995, cuando finalizaba su mandato como legislador. Asumió el 27 de octubre de ese año, dos días antes de que lo hiciera Antonio Bussi como gobernador.
“Me dieron las dos hojas de la ley y me dijeron armá la institución”, recordó ayer Díaz Ricci, especialista en derecho constitucional, en diálogo con LA GACETA. Se hizo a pulmón y con ayuda del Defensor de la Nación, Jorge Maiorano, añadió. “El defensor es un comisionado parlamentario que no depende del Ejecutivo, es un auxiliar del Parlamento elegido por la Legislatura, una expresión institucionalizada del control sobre la administración pública que ejerce el Ejecutivo”, acotó.
Señaló que su línea de trabajo fueron los servicios públicos y el medio ambiente; “por primera vez nos daban legitimación activa para trabajar en estos temas”. “Con Aguas del Aconquija tuvimos enfrentamientos infernales, en esa pelea un directivo español de la empresa nos llegó a decir: a ver quién queda, ustedes o yo. Y se fue él”, contó. Asimismo admitió que fracasaron con el tendido de alta tensión por Tafí del Valle “porque la secretaría de Energía de la Nación nos hizo una zancadilla”.
Díaz Ricci subrayó que es una gran labor, porque se solucionan problemas individuales y colectivos. “Yo vi nacer una institución, eso es fascinante, al ser el primero marcas el rumbo, el perfil, había que conducir a la sociedad a saberse defender a sí misma, salimos mucho en los medios porque había que enseñar”, recordó. Llegamos a bloquear –dijo- un aumento tarifario de los teléfonos. “Tras 25 años, las demandas sociales han ido cambiando”, reflexionó.
La Defensoría está en su corazón tanto como su intervención en la elaboración del Código Procesal Constitucional, “el primero en el mundo y un ejemplo”, afirmó. Y que cumple también 25 años de su sanción, “porque tardaron cuatro años en promulgarlo”. “El per saltum que se está aplicando lo puse yo”, sostuvo.
Cuando se le consulta sobre anécdotas de este tiempo, menciona que Bussi quería eliminar la Defensoría, pero que Maiorano lo convenció de que no era conveniente derogarla. Contó que cuando fueron a Tafí del Valle para inspeccionar la línea de alta tensión un funcionario no pudo subir a la montaña porque “no entraba” en la montura. Y en serio agregó: “La Alumbrera nos mostró una traza de la línea, e hizo otra: hasta la Unesco vino a Tucumán e hizo un informa lapidario en contra”, mencionó.